Sepulcros blanqueados
César Ricardo Luque Santana
La expulsión de la periodista Carmen Aristegui de Multivisión (MVS) con el pretexto de que violó el código ético de la empresa al darle cobertura informativa a un rumor, a saber, el presunto alcoholismo del presidente de México Felipe Calderón Hinojosa, acusación que salió a la luz pública por una manta que presentó en la tribuna de la Cámara de Diputados de san Lázaro el diputado petista Gerardo Fernández Noroña, acción que ocasionó un reacción airada de la bancada panista que obviamente lo tomaron como una provocación, generándose un sainete que llamó la atención de la opinión pública, más por la actitud pendenciera del diputado del PT que por la acusación de dipsómano del presidente.
Ahora bien, al margen de los exabruptos típicos de Fernández Noroña que por cierto recibió la reprobación de todo mundo, incluido el propio Andrés Manuel López Obrador, lo realmente importante de la supuesta censura de la Presidencia de la República a una periodista y la sospecha de presión de ésta a la empresa de radio y televisión mencionada, fue la posición que asumieron un grupo de periodistas de los medios electrónicos que se ostentan como férreos defensores de la libertad de expresión y de las libertades democráticas, pero que en este problema han asumido una conducta deleznable. Me refiero a los “analistas” de programas de contenido político y conductores de noticieros de los dos principales consorcios televisivos del país.
Los de TV Azteca, que se han desgarrado las vestiduras desde hace algunos años por la ley electoral que les impide intervenir en los procesos electorales en los cuales venía actuando descaradamente como poderes facticos apoyando y denostando candidatos según sus intereses comerciales, no se han pronunciado con igual vigor en el caso Aristegui-MVS, como lo han hecho contra del IFE de manera beligerante y permanente por la disposición legal ya mencionada, la cual entre otras cosas cambió las reglas sobre la publicidad de partidos y candidatos los cuales son ahora negociados en bloque directamente por el IFE en representación de los partidos como parte de los derechos del Estado por las concesiones a los medios de comunicación electrónica, lo que significa desde luego para ellos un perjuicio económico así como una limitación en sus márgenes de discrecionalidad con los actores políticos respecto a la negociación con éstos, donde solían ofrecer un trato preferencial a sus aliados al mismo tiempo que hacían lo contrario con sus adversarios (incluida la propaganda positiva y negativa disfrazada de noticias). No obstante estos intereses mezquinos que son el verdadero resorte de su inconformidad, falazmente han tratado de presentar esta restricción legal del Estado como una conculcación a los derechos de todos los mexicanos en materia de libertad de expresión. No hay que olvidar que asimismo se permitía que particulares (personas físicas o morales) pagaran costosos spots para denostar a algún candidato incómodo, rompiendo la frágil equidad de competencia entre partidos al mismo tiempo que abonaban a la guerra sucia.
Los de Televisa por su parte, han tratado de encontrar matizaciones, no tanto para exculpar a la empresa de MVS sino para negar el acto de censura en sí mismo. Han argumentado principalmente que no pueden determinar cuál de las dos partes en conflicto tiene la razón, pero los más agresivos y cínicos -como Ciro Gómez Leyva y Carlos Marín- trataron de regatearle e incluso negarle a Carmen Aristegui su condición de periodista independiente no obstante su larga trayectoria como crítica del poder, extendiendo esta misma infamia a medios como La Jornada y Proceso, pues de reconocerles a éstos una independencia política, ellos por consecuencia serían intelectuales oficiosos del sistema, sin embargo, se consideran a sí mismos imparciales, críticos y desde luego éticos (como la bruja con su espejito mágico.
Pero el más patético de todos fue Leo Zukerman, quien dijo que como él creía en el mercado, le parecía normal que una empresa despidiera a un empleado no conveniente (sic), es decir, que estaban en su “derecho” (como antes lo estaban los señores feudales con su “derecho de pernada”), sin reparar que los trabajadores tienen derechos contra despidos injustificados. Al parecer, su objetivo era negar un posible hecho de censura a una colega, cuando en realidad no se trataba de defender en sí mismo a Carmen Aristegui, sino a un derecho democrático llamado “libertad de expresión” que dice defender celosamente. La lógica del poder que anima a Zukerman no puede ser más burda porque considera que los derechos de una minoría poderosa están por encima de los derechos de la sociedad, olvidándose que las concesiones a los medios masivos de comunicación implican una responsabilidad social de respeto al interés público que coadyuve a la convivencia democrática de la sociedad. En modo alguno se justifica entonces la arbitrariedad y el abuso que este fundamentalista del neoliberalismo asume con desparpajo.
Volviendo a la argumentación de MVS, hay que recordar que del diario Milenio tiene una sección de trascendidos y nadie ha considerado nunca que esta forma de hacer periodismo no sea moralmente válida. La reacción de MVS puede parecer en consecuencia una exageración, lo que le da sentido a la teoría del “capricho” presidencial y del amago del gobierno de escamotear las concesiones que pretende esta empresa de televisión por cable.
Para concluir, remito a mis lectores a una pequeña obra titulada “Cómo nos venden la moto” de Noam Chomsky e Ignacio Ramonet (periodista y estudioso de la comunicación de origen español), quienes muestran como las elites del poder económico ejercen un control de la sociedad a través de los medios de comunicación, erigidos como poderes facticos capaces de mantener de rehenes a los poderes constitucionales de un país. Este poder mediático no sólo se dirige a los consumidores para conocerlos como tales y sacarles el máximo provecho, sino también en el terreno político, por un lado controlando a la opinión pública a través de una serie de comunicadores leales a sus intereses, procurando al mismo tiempo que no haya voces disidentes o bien reduciéndolas al mínimo, para de esta manera influir en la población para que se identifiquen con medidas políticas, económicas y sociales que sólo benefician a dicha minoría, haciéndoles creer que los intereses de éstos son los del conjunto de la sociedad. Por otro lado, las estrategias de manipulación comercial se trasladan al ámbito de lo electoral en apoyo de políticos mercenarios y demagogos que desde luego representan sus intereses. Esto último es lo que se conoce como mercadotecnia electoral donde los ciudadanos son tratados como menores de edad.
El doble rasero o la doble moral de los epígonos del neoliberalismo, no es gratuito sino forma parte de un esquema de dominación que ha alcanzado altos niveles de sofisticación, de manera que las posturas hipócritas de este tipo de personajes alcahuetes del poder político y económico, no es extraña sino predecible. Por ello, Chomsky y Ramonet no vacilan en sostener que una radicalización de la democracia, es decir, de un poder popular organizado, requiere de un control férreo de los medios de comunicación para evitar que se constituyan en poderes facticos como ocurre actualmente. Ciertamente, esta postura puede ser considera por algunos como lesiva a los derechos de unos ciudadanos, pero hace 2,500 años, Aristóteles sugería conculcar los derechos políticos de los ricos por el obvio conflicto de intereses en que se ven envueltos.
